Continúan sumándose nuevas suspensiones por la obra del Aeropuerto
La obra tiene proyectada la construcción de dos pistas. Foto: El Big Data.
- La acción promovida por #NoMásDerroches ordena no construir el Aeropuerto de Santa Lucía en tanto no cuente con los estudios ambientales
PUBLIMETRO / CDMX.-El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que no se debe construir el Aeropuerto de Santa Lucía hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes.
Además, un Juzgado de Distrito dictó una nueva suspensión definitiva ordenando detener la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y no construir el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) hasta que se cuente con todos con los estudios correspondientes.
Ambos recursos fueron promovidos por el colectivo#NoMásDerroche, como parte de los 147 juicios de amparo que interpuso para que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad y constitucionalidad tanto de la cancelación del NAIM como del proyecto de la base aérea.
Con estas dos nuevas suspensiones, el colectivo ha obtenido ya nueve resoluciones judiciales favorables en este asunto; cuatro de ellas, ya son suspensiones definitivas y abarcan los siguientes temas:
- No seguir con Santa Lucía hasta que se cuente con los dictámenes, estudios y permisos en materia ambiental, de prospección arqueológica, de seguridad, de viabilidad aeronáutica, social, política e interinstitucional
- La permanencia de las obras del NAIM en el estado en que se encuentran hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo. Respecto a las suspensiones provisionales, continúan vigentes tres de ellas, incluyendo la que se da a conocer hoy que obliga a las autoridades a realizar labores de conservación del NAIM.
Mediante un comunicado #NoMásDerroches adelantó que seguirá recurriendo a la vía legal en contra de cualquier otro proyecto que conlleve un potencial quebranto al marco jurídico, el desperdicio de recursos públicos, riesgos a la seguridad y violaciones a los derechos humanos.