Emilio Cárdenas Escobosa

El secuestro y presunto asesinato de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, que habrían sido obligados a matarse entre ellos, o las perturbadoras imágenes de refrigeradores con restos de al menos 14 personas perfectamente embalados -como si de carne en los congeladores de un supermercado se tratara- descubiertos en Poza Rica, además de la aparición de cuerpos desmembrados arrojados en la vía pública, lo mismo en ciudades de nuestro estado como en diversos puntos del país, son hechos atroces que nos han conmocionado en los días recientes. Son la más clara expresión de la tragedia cotidiana que representa que el crimen organizado controle amplias regiones del país y se enfrasque en sanguinarios ajustes de cuentas con las bandas rivales. Nos recuerdan que, más allá de los discursos, las proclamas, los desmentidos y las negativas a escuchar y reconocer la gravedad de la situación, o los consabidos ofrecimientos de que “se actuará y se hará justicia”, la sociedad vive en peligro y que las administraciones de los tres órdenes de gobierno poco pueden o quieren hacer para garantizar la seguridad de la gente. A los políticos de todos colores que padecemos solo les ocupa y les preocupa la sucesión presidencial o estatal, el acomodarse en el siguiente cargo, los negocios que hacen, el agradar al primer mandatario o combatir al adversario político, entre una larga lista de asuntos que podemos enumerar de los afanes de quienes gobiernan. Son sus prioridades.

La irrupción del nombre de Xóchitl Gálvez como posible candidata del Frente Amplio Por México sacó de la modorra a los analistas que daban por sentado que habría que esperar que siguiera su curso el libreto diseñado por el presidente López Obrador para la interna de Morena de la que saldría el nombre de su sucesor, dejando a la elección del 2024 como un mero trámite. Cuando todo parecía ya escrito, ocurrió lo inesperado: El desdén del presidente López Obrador al negarle el derecho de réplica en las conferencias mañaneras que un juez ordenó, seguido de la sobrerreacción presidencial ante su irrupción en la arena sucesoria como la única figura de la que pudo colgarse la oposición ante la pobreza de sus perfiles y personajes. La cuestión es que en tres semanas la senadora y exjefa delegacional de la Miguel Hidalgo en la capital del país se catapultó en las encuestas, está en el centro de la agenda política y mediática, y para los adversarios de la 4T, reúne todas las virtudes posibles, es la lideresa que este país esperaba, y es el clavo ardiente al que se aferran en sus afanes y desvelos para descarrilar el proyecto del oficialismo.

El ideal de la deliberación pública es la base sobre la que debe funcionar la competencia democrática. El intercambio de opiniones e ideas, el contraste de proyectos, los debates entre aspirantes son indispensables para que tomemos opciones racionales de cara a los periódicos encuentros que los ciudadanos tenemos con las urnas. Para elegir a quienes nos representarán o tendrán en sus manos el destino de una entidad o del país es fundamental estar informado y quien debe facilitarnos de manera primaria el acceso a la información sobre sus postulados, sus programas de gobierno o sus plataformas son los partidos políticos, desde luego, en el momento previsto por la ley en épocas electorales, pero sin duda son los candidatos o quienes aspiran a serlo quienes nos deben convocar, conmover, seducir o invitar a seguirlos y a brindarles nuestra confianza. En menos de un año la ciudadanía irá a las urnas para elegir de entre una variada gama de opciones a las mujeres y hombres que habrán de ser nuestros representantes en el Congreso de la Unión, en el del Estado y obviamente en la presidencia de México y en la gubernatura de Veracruz. Y en tiempos como los que vivimos, de polarización, enconos y de sucesiones adelantadas, las y los aguerridos combatientes de la política buscan convencernos de las bondades de sus propósitos y de su capacidad para servir eficazmente a los intereses y preocupaciones colectivas.

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y tras las elecciones del pasado domingo en el Estado de México y en Coahuila, tal como se anticipaba, hemos entrado de lleno a la recta final de la sucesión presidencial. Morena, el partido en el poder, adelanta las piezas y fijará este próximo domingo las reglas para elegir a su candidato, lo que conlleva la renuncia o solicitud de licencia de quienes aspiran a la nominación, situación que comienza a darse como todos sabemos y que a partir del lunes 12 deberá estar solventada. Mientras que la coalición opositora aún sigue pensando cómo va a afrontar este crucial proceso, sin ponerse aún de acuerdo en los términos, reglas y perfiles al interior de cada fuerza política. Los ánimos se encienden, la lucha política se calienta y los afanes de los grupos y corrientes son ostensibles en el objetivo de lograr la tan ansiada candidatura presidencial que presentarán a la ciudadanía para buscar su respaldo para los comicios del próximo año.

La primera parte del Plan B en materia electoral que aprobaron alegremente los legisladores de Morena seguros de que su mayoría estaba por encima de cualquier disposición legal y constitucional se cayó. O más bien, la desechó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los votos de nueve de los once ministros que integran su pleno, quienes se sumaron al proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que proponía declarar la inconstitucionalidad de este primer paquete de reformas al haber faltado al procedimiento legislativo, no respetar la Constitución, la ley del Congreso y los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. “La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del Decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, cita la sentencia aprobada.

Se conoce como odio a la antipatía, aversión o sentimiento intenso de repulsa hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. El que odia es hostil, resentido, rencoroso y concentra un sentimiento de profunda enemistad y rechazo que lo lleva a desear el mal hacia una persona. La intensa sensación de desagrado que es el odio consume a quien la experimenta. El odio, en esa línea, genera aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y puede conducir a la autodestrucción. El odio, dicho en palabras de la sabiduría popular, envenena el alma y arruina mental, emocional y físicamente, en muchos casos, a quien lo experimenta. Si en la convivencia social odiar no es justificable desde el punto de vista racional porque atenta contra la posibilidad de diálogo y la generación de acuerdos que hacen posible la convivencia civilizada, en política, donde entran en juego consideraciones ideológicas, fanatismos y la cerrazón doctrinaria fundada las más de las veces en obtusas visiones adosadas de ignorancia del militante, la aversión al rival, al adversario –que es visto como enemigo a aniquilar- y el querer derogar todo lo que se le relacione puede llevar a situaciones de violencia, a enfrentamientos o magnicidios. La historia está llena de episodios que lo ilustran desde la más remota antigüedad.

Llevamos varios años inmersos en el debate sobre la militarización del país, que es el sello de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido un tema que ha marcado las discusiones públicas y los desencuentros, pues contrario a lo que fue su oferta como opositor de que regresaría a los soldados y marinos a los cuarteles apenas asumiera la titularidad del gobierno de la república, el mandatario hizo exactamente lo contrario: amplió la presencia y ámbito de acción de los militares, les encomendó nuevas tareas como constructores de obras y operadores de tareas gubernamentales, entre otras el control de los puertos y las aduanas, y, desde luego, transfirió enormes cantidades del presupuesto a las fuerzas armadas. En el campo del combate a la inseguridad y en la cruzada contra el narcotráfico la participación militar ha sido ostensible, vistosa, polémica y con percepciones variadas sobre su efectividad.

En una sentencia histórica la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado mexicano responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa durante 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que permanecieron detenidos. En la sentencia hecha pública este miércoles 12 de abril se ordenó al Estado mexicano dejar “sin efecto” la figura del arraigo y adecuar nuestra normatividad, constitución incluida, para que la prisión preventiva oficiosa se ajuste a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, encontró a México responsable por violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable. El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés.

El drama de los migrantes siempre es sobrecogedor y expresa en muchos sentidos el fracaso del modelo económico y de las políticas públicas de los gobiernos de sus países para ofrecerles alternativas dignas de vida. Sufren no solo la separación de sus familias y sus comunidades para correr el riesgo de cruzar la frontera del vecino país del norte y sortear la persecución de las autoridades migratorias estadounidenses, sino que en años recientes deben enfrentarse a peligros mayores: los secuestros, desapariciones, torturas, la leva del crimen organizado para sumarlos a sus filas ante la tolerancia de autoridades corruptas de los tres niveles de gobierno de nuestro país, ruta obligada en su búsqueda de mejores condiciones para ellos y sus familias en sus países de origen. Los medios de comunicación han dejado constancia de cómo un elevado número de connacionales de países centroamericanos y caribeños, lo mismo de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, han encontrado la muerte en el camino a Estados Unidos por la violencia criminal de las bandas delincuenciales que asolan al país, las complicidades entre autoridades y polleros, pero ahora, el triste final lo encontraron estando bajo la custodia del gobierno mexicano.