Aurelio Contreras Moreno

Como si el tiempo no hubiese pasado, como si siguiéramos estacionados en las épocas de horror del duartismo asesino, en Veracruz la violencia contra los periodistas forma parte de un escenario que ni por equivocación cambió en algo con las dos alternancias de gobierno registradas desde entonces. La mañana de este jueves, el reportero y locutor Jacinto Romero Flores fue emboscado y ejecutado a balazos en la comunidad de Potrerillo del municipio de Ixtaczoquitlán, colindante con Orizaba. Zona asolada desde hace años por la delincuencia organizada asentada ahí por su ubicación estratégica, ya que conecta directamente con los estados de Puebla y Oaxaca.

La descomposición al interior del Poder Judicial del Estado de Veracruz ha alcanzado niveles que van más allá del pasmo. Exhibidos los malos manejos que se cometen descaradamente en la actual administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado –operados por la directora de Administración Joana Marlén Bautista, solapados por la presidenta Isabel Inés Romero Cruz y coordinados por el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración Eleazar Guerrero Pérez, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez-, al interior de ese poder constitucional se desató una guerra sin cuartel en la que, de una ironía trágica, no les ha importado violar repetidamente la legalidad a quienes tienen la responsabilidad y la obligación de hacerla valer.

Prácticamente no hay día que el presidente Andrés Manuel López Obrador no cargue en sus conferencias matutinas en contra de los medios de comunicación y los periodistas que no son afines y sí muy críticos –con más o menos argumentos, eso es lo de menos- de su gobierno. Convertidas en patíbulos para perpetrar linchamientos sin lugar a defensa ni contraste posible, en las “mañaneras” un día sí y otro también el presidente se regodea aplicando toda suerte de epítetos, adjetivos, insultos y ahora hasta augurios de desaparición a los medios que osan “criticar” hasta el mínimo detalle de su –valga decir- lamentable gestión en materia de seguridad, salud, desarrollo tecnológico y educativo, así como de política energética y medioambiental.

Nada, ni los 50 mil nuevos contagios de covid-19 registrados en México en las últimas 48 horas, ni los hospitales saturados, ni los picos de infecciones que superan los peores días de la pandemia en las dos “olas” de 2020, parecen importarle un carajo al gobierno de la malhadada y mal llamada “cuarta transformación”, empecinado como está en obligar a un regreso a clases presenciales dentro de prácticamente dos semanas. Este jueves, durante el acto circense en el que ha devenido la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez repitió la cantaleta establecida en el guion propagandístico con el que buscan justificar una decisión irresponsable, demencial y que puede llegar a convertirse en un acto criminal.

Cuando en la anterior entrega de la Rúbrica quien esto escribe manifestó que en la actualidad de Veracruz se cometen abusos como en los tiempos de Arturo Bermúdez, no imaginaba que, en los hechos, éstos son de nuevo los mejores tiempos para el ex secretario duartista de Seguridad Pública de horrenda memoria. Desde la elección estatal de 2016 existía la sospecha de acuerdos inconfesables entre el duartismo y el morenismo para ponerle un dique al entonces candidato pan-perredista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares, que se tradujeron en un evidente impulso para que Morena creciera en Veracruz y, a decir de varios actores políticos, hasta de entrega de recursos públicos para la campaña de Cuitláhuac García a la gubernatura. Si bien esto último nunca se comprobó, tampoco hay certeza de que no hubiese ocurrido.

La historia de terror que viven varias familias desde el pasado fin de semana en la ciudad Coatepec es una muestra más del estado de total indefensión en que viven los ciudadanos del estado de Veracruz ante los abusos y arbitrariedades de quienes tienen –pero no honran- la responsabilidad de brindar seguridad, certeza jurídica y justicia. Desde la noche del viernes 6 de agosto causó revuelo, expectativa y temor el despliegue policiaco realizado en toda la zona conurbada de Xalapa, la cual incluye a Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan, del que ninguna autoridad dio aviso a la población para que tomara las precauciones correspondientes.

Desde que fue impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho alguno en poner de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una actitud de sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a todos los niveles, valga decir. Pero si las formas son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica una cantidad tal de manejos turbios de los recursos de ese Poder constitucionalmente autónomo, que varios de los implicados habrán de ser llamados a cuentas por malversación y desvío de dinero público.

Mientras la “tercera ola” de la pandemia arrecia y el volumen de contagios se acerca aceleradamente a los mismos niveles de los picos más altos del año pasado, la obstinación irracional del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” por obligar a un retorno a clases presenciales dentro de 25 días alcanza niveles demenciales. Entre miércoles y jueves de esta semana se registraron más de 40 mil nuevos contagios –oficialmente- en todo el país, con una incidencia de más de 20 mil por día. Anteriormente se habían rebasado los 19 mil por día de manera consecutiva en varias ocasiones, salvo los fines de semana, cuando los números descienden… pero porque se reduce la operación de los burócratas encargados de reportarlos, no porque haya menos.

Les sigue lloviendo sobre mojado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), donde a más de uno se le debe haber atragantado el desayuno luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes durante su conferencia mañanera. Cuestionado por una reportera sobre el desfalco y la quiebra técnica del TSJEV, que lo llevó a decretar la desaparición de juzgados y a prácticamente imponer una reducción salarial y de prestaciones entre los magistrados y el personal de confianza, López Obrador fue tajante en su respuesta: “hay que fincar las responsabilidades de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz”.

Mientras los defensores –por convicción o interés- del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” juran que fue el “compromiso” con la justicia y los derechos de las víctimas lo que motivó la celebración de la fallida consulta popular del domingo pasado, gobiernos como el de Veracruz se encargan de mostrarnos de manera contundente cómo es que entienden realmente el concepto de “justicia”. En la Rúbrica del 25 de febrero pasado se hizo mención del caso de July Raquel Flores, quien se encuentra presa en el penal de Pacho Viejo desde noviembre de 2020, acusada de haber participado directamente en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez, el 29 de junio de ese mismo año.