Ayotzinapa: si Morena vivos se los llevó, que vivos los regrese
El jueves pasado se cumplieron cinco años de la peor barbarie cometida en contra de jóvenes estudiantes desde aquél icónico 2 de octubre que no se olvida. Si la generación del 68 vivió el horror de la fuerza criminal y desmedida del Estado, los jóvenes guerrerenses del 2014 sufrieron en carne propia el infierno de la violencia ejercida por la delincuencia organizada.
Ahora Morena ya es gobierno. En sus manos está revelar la verdad y -si ésta coincide con lo que durante los últimos años ha sostenido-, que nos devuelva a los jóvenes estudiantes. Esa verdad debe tener una premisa: cuando sucedieron los hechos, el estado de Guerrero y el municipio de Iguala, sede de la atrocidad, eran gobernados entonces por quienes eran parte del PRD y hoy están convertidos al evangelio de Morena.
El Gobernador y el presidente municipal eran personajes estrechamente cercanos al hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Era posible fraguar un secuestro masivo y la barbarie de la ejecución de tantos jóvenes en un municipio de esa entidad sin el conocimiento de quienes lo gobernaban? Jamás. Sólo podían hacerlo ellos mismos mediante la desaparición forzada. Y así fue.
Acaso la responsabilidad que se debe fincar al gobierno federal de entonces fue su incapacidad de entender la gravedad de lo ocurrido, así como la permisividad y tolerancia ante el gobierno opositor del gobernador Ángel Aguirre y la complicidad que se urdió en torno a uno de los suyos, José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala.
Está documentado que José Luis Abarca –preso por el gobierno anterior como presunto responsable del secuestro y la muerte de los normalistas-, fue el operador político y electoral de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero. Su vínculo y cercanía con el Gobernador Ángel Aguirre está más que probada.
Quienes acusan que se trató de un crimen de Estado tienen razón. Las pruebas del juicio contra José Luis Abarca y policías del Ayuntamiento demostraron su participación en los hechos; seguramente la nueva investigación confirmará la existencia de las redes criminales que funcionaban en su municipio y el vínculo que mantenía con la delincuencia organizada.
Sin embargo, durante este tiempo, muchos han trabajado por construir una narrativa diferente a la verdad que les permita expiar sus culpas al tiempo de encontrar la excusa para polarizar al país; desde el gobierno federal nunca entendieron la magnitud de la masacre y prefirieron callar por el temor a que la verdad se volviera en su contra, como finalmente sucedió. Muy pocos han luchado a favor de la justicia y de devolver la tranquilidad a las familias de las víctimas.
Hoy no hay más excusas. Ahora que el gobierno del Presidente López Obrador ha dicho que el caso se reconstruirá desde sus cimientos, será necesario que se haga una profunda investigación y relatoría de la intervención de los Aguirre, de los Abarca y otros tantos grupos políticos afines en estos hechos.
Ya no hay espacio para pactos políticos que garanticen impunidad, para más omisiones y complicidades o versiones políticas distorsionadas donde los responsables resulten ser las víctimas.
Pretender acreditar la participación de autoridades federales en los hechos criminales no llevará a la justicia, sólo a la fabricación de nuevos responsables para allanar el terreno de la libertad a los victimarios, como ya ha sucedió con quienes han sido liberados en esta administración, a pesar de las evidencias que actuaban en su contra.
Los gobiernos locales, esos personajes tan cercanos a López Obrador entonces, nos deben decir la verdad. Nos deben decir en qué falló la investigación primaria, dónde se aloja la falsedad de la verdad histórica y quiénes actuaron con negligencia para que sean castigados pero no sujetos de venganza.
El Presidente López Obrador dijo apenas el jueves pasado que hallar a los normalistas de Ayotzinapa y otorgar justicia es un asunto fundamental. No podremos lograr ninguno de ellos si no llegamos a la verdad. Lo que los mexicanos exigimos es castigo a los responsables de su desaparición y de la suerte que hayan corrido.
La designación de Omar Gómez Trejo como titular de la recién creada Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa merece un voto de confianza. Su trabajo como secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hoy está a prueba.
Para conocer la verdad y esclarecer los hechos, el Presidente tendrá que limpiar la casa.
*Candidato del PRI perdedor a la gubernatura de Veracruz en las elecciones de 2016 y del proceso interno de 2018 por el afecto Meade.
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